La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los buscan.
En el caso de que el Estado solicitante no garantice que la persona cuya extradición se requiere no será ejecutada o sometida a penas que atenten contra su integridad corporal, o a tratos inhumanos o degradantes.
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Sin embargo, en algunos casos, se han logrado acuerdos de extradición basados en acuerdos de cooperación o presiones políticas.
Actualmente, México tiene acuerdos para la extradición de personas con al menos 31 países diferentes, la mayoría de ellos en América y Europa, un porcentaje que predomina en la mayoría de las naciones y con el que se han fraguado grandes detenciones y enjuiciamientos, tanto en territorio nacional como extranjero.
Sin embargo, la ausencia de acuerdos de extradición dificulta la cooperación internacional en la persecución de delitos transnacionales.
Además, la falta de tratados de extradición puede dificultar la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transnacional.
Cuando se tengan razones fundadas para pensar que el requerimiento de extradición, motivado por un delito común, se ha presentado con el objetivo de perseguir o castigar a una persona por razones de raza, nacionalidad, religión o ideología política, o que la situación de esa persona se puede ver agravada por estas mismas consideraciones.
Sin embargo, la mayoría de países de habla hispana y portuguesa de América si han firmado convenios con España, como es el caso de la República Dominicana, que ha saltado a la palestra por ser el destino elegido por el rey emérito en su exilio, pero que cuenta con un acuerdo de extradición con España desde 1984, aunque no con Suiza.
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Esto es especialmente importante para aquellos países que tienen una larga historia de negativa a firmar tratados de extradición.
Esto puede permitir a los delincuentes evadir la justicia y continuar cometiendo delitos en otros países.
No podrá servir su extradición para penarla por otros hechos delictivos, a no ser que así lo consienta el Estado requerido o el propio investigado.